El derecho contractual en el nuevo contexto del derecho civil-constitucional.

El derecho contractual en el nuevo contexto del derecho civil-constitucional

Faustino da Rosa Júnior

1. Introducción: justificativa de análisis

La renovación del derecho civil brasileño tiene en el llamado “derecho civil constitucional” su más fuerte punto de apoyo. El reconocimiento de la incidencia de los valores y principios constitucionales en el derecho civil refleja no apenas una tendencia metodológica, sino la preocupación con la construcción de un orden jurídico más sensible a los problemas de la sociedad contemporánea, entre los cuales está el de disponer de un derecho contractual que, más allá de estampar operaciones económicas, sea primordialmente vuelto a la promoción de la dignidad de la persona humana.

                                   Sobre esa perspectiva, el presente trabajo tiene por finalidad procurar analizar los efectos ocasionados por la llamada “constitucionalización del derecho”, en particular del derecho privado, en respeto especificadamente al derecho contractual, teniendo en vista que tal fenómeno tiene generado gran discusión académica y doctrinaria en el sentido de generar o no la necesidad de formulación de una nueva teoría general para el derecho contractual dado a naturaleza y al contenido distintos y propios de las normas constitucionales que, por fuerza de tal fenómeno, pasaran a tener aplicación más evidente en el campo de las relaciones privadas.

Así, es esta nueva realidad que este trabajo pretende analizar, en la tentativa de trazar algunas implicaciones que esta “constitucionalización del derecho civil” trajeran para el derecho de los contractos.

2. La constitución y el derecho civil

                                   Las constituciones, por más extensas que sean, no encierran todo el complejo de relaciones jurídicas de la vida social[1], más sus valores y principios han de aplicarse a todos los sectores del ordenamiento. Tal aplicación debe suceder en las relaciones entre el Estado y los individuos, bien como en las relaciones interindividuales, abrigadas en el campo del derecho civil. Los valores y principios constitucionales deben tener a su eficacia reconocida, además, no sólo cuando asimilados por el legislador ordinario, que los tenga transpuesto para la legislación infraconstitucional, más también directamente a las relaciones entre los individuos (la denominada eficacia directa), incluso en virtud de la determinación según la cual “las normas definidoras de los derechos y garantías fundamentales tienen aplicación inmediata” (Constitución brasileña, art. 5^o, § 1^o).

                                   Las proposiciones constitucionales, así como las del legislador ordinario, reciben un significado completo sólo cuando puestas en el contexto de una determinada tradición jurídica. Se revela, entonces, más un componente del problema concerniente a la relación entre la constitución y el derecho civil, como derecho común, fruto de una elaboración secular de una determinada tradición del pensamiento jurídico[2].

                                   Esa tradición, preocupada en mantener el monopolio en el tratamiento de las cuestiones privadas, ha sido históricamente refractaria a los intentos de aplicación directa, y, por veces mismo indirecta[3], a los sus institutos, de valores y principios que tienen sede en la constitución. Esta es encarada con desconfianza, siempre que interfiere en lo desarrollo de la actividad económica privada.

                                   Todavía, siendo la constitución un diploma que exige la conformidad de todas las normas jerárquicamente inferiores, le quedan vinculados el legislador y, de modo general, el interprete, sea el juez, el órgano de la administración o el propio ciudadano. Mismo el jurista técnico, cultor del derecho privado o de cualquier rama del derecho, debe formar una “mentalidad constitucionalística”, es decir, en su obra de intérprete y de constructor del sistema, debe buscar en las normas contenidas en la constitución las direcciones hermenéuticas y constructivas fundamentales[4].

                                   El carril inevitable a seguir es, pues, el de emprender la “relectura del Código Civil y de las leyes especiales a la luz de la Constitución”, con la forzosa identificación de un derecho civil más sensible a los problemas y a las exigencias de la sociedad. En definitiva, más allá del papel hermenéutico, las normas constitucionales tienen efectivo carácter de derecho substancial[5]. La constitución es dotada de elementos normativos substanciales aptos a regular situaciones jurídicas presentes en la vida de relación, no apenas de formas y procedimientos utilizables por la acción estatal.

                                   No se debe temer, por otro lado, la “constitucionalización del derecho civil” o de otras ramas del derecho[6], pues la constitucionalización del derecho significa no solamente una exigencia de la unidad del sistema y del respeto a la jerarquía de las fuentes, más también a vía practicable para evitar el risco de la degeneración del Estado democrático de derecho[7].

                                   Cabe entrever que la relectura de la legislación ordinaria a la luz de las normas fundamentales - entendida en el doble sentido, por un lado, de interpretación a partir de los principios constitucionales y, por otro, de justificación de la normativa ordinaria, en el perfil funcional, con base en la normativa constitucional - consiste en una metodología útil y para perseguir constantemente[8].

3. El llamado derecho civil-constitucional

                                   La norma constitucional, según Pietro Perlingieri, se torna la razón primaria y justificadora de la relevancia jurídica de las relaciones sociales, no sólo como regla de hermenéutica, más como norma de comportamiento, apta a incidir sobre las situaciones subjetivas, “funcionalizándolas” conforme los valores constitucionales. Tal postura se presenta aún como reacción a la fragmentación del saber jurídico, a la insidiosa y excesiva división del derecho en ramas y en especializaciones que, a prevalecer, hacían del jurista, cerrado en su microsistema, se bien que dotado de refinados instrumentos técnicos, un ser insensible al proyecto de sociedad contenido en la Ley Mayor[9].

                                   Para Maria Celina Bodin de Moraes, le “derecho civil constitucionalizado”, es decir, el derecho civil transformado por la normativa constitucional, tiene como fundamentos la superación de la lógica patrimonial (propietaria, productivista, empresarial) por los valores existenciales de la persona humana, que se tornan prioritarios en el ámbito del derecho civil, porque privilegiados por la constitución[10].

                                   La adjetivación del derecho civil, dicto “constitucionalizado, socializado, despatrimonializado”, resalta el trabajo que incumbe al interprete de releer a legislación civil a la luz de la constitución, de modo de privilegiar los valores no-patrimoniales, la dignidad de la persona humana, el desarrollo de su personalidad, los derechos sociales y la justicia distributiva, a la cual se deben someter la iniciativa económica privada y las situaciones jurídicas patrimoniales[11].

                                   No se confunda, todavía, con la expresión derecho civil-constitucional, la designación del conjunto de dispositivos sobre los institutos civiles tradicionales, como la propiedad, la familia y la empresa, que reciben tratamiento específico en el texto de la constitución. Derecho civil-constitucional es el derecho civil como un todo, ya que no hay como divisar ni una parte del derecho civil que quede inmune a la incidencia de los valores y principios constitucionales.

Luego, no sólo los institutos que recebaran previsión constitucional componen el derecho civil-constitucional, más la integra disciplina civil, en ese juicio renovado[12]. Desafortunadamente, pero, en general, los juristas ignoran frecuentemente las potencialidades del derecho civil-constitucional, que nació, evidentemente, para ser aplicado.

4. El impacto en la teoría contractual

                                   En el proceso histórico, el código civil brasileño perdió, para la constitución, la posición de centralidad del orden jurídico, en un verdadero proceso de descodificación del derecho civil[13]. En materia de contratos, hoy es evidente la importancia del Código de Defensa del Consumidor. Entretanto, la unidad del ordenamiento no está confiada ni a la continuidad de los valores del vetusto Código Civil, ni a los valores emergentes en la forma de legislación extravagante, frecuentemente contradictorios y conflictivos, más a los valores y principios constitucionales.

                                   Dentro de tal perspectiva, ¿se puede pensar en un nuevo modelo de contrato, adecuado a los nuevos tiempos, sometido a las exigencias metodológicas del derecho civil-constitucional? Enfrentando el problema, es preciso partir de la noción de que cualquier instituto jurídico está sujeto a una relatividad histórica, en la variedad de sus formas y transformaciones[14].

                                   Por otro lado, no se debe perder la visión de sistema, para pensar el contrato no de modo aislado, sino en el contexto del ordenamiento jurídico en que está inserto[15]. El contrato, tal como reglado en el Código Civil brasileño de 1916, pasa por una expresiva evolución en su concepto, finalidad y contenido, en el camino que lleva a la Constitución de 1988 y, consecuentemente, al Código de Defensa del Consumidor.

                                   Las cláusulas generales presentes en el sistema jurídico, con destaque para la de tutela de la personalidad humana (Constitución, arts. 1^o, III, 3^o, III, y 5^o, § 2^o) y la de buena fe objetiva (Código de Defensa del Consumidor, art. 4^o, III e 51, IV), tiene gran importancia para desarrollar la renovación de la teoría general de los contratos. 

5. Las transformaciones en el derecho de los contratos

                                   En las grandes codificaciones del siglo XIX, el contrato era la propia expresión de la autonomía privada, reconociendo a las partes la libertad de estipular lo que les parezca mejor, funcionando, por lo tanto, como instrumento eficaz de la expansión capitalista. El derecho contractual concedió “os meios simples e seguros de dar eficácia jurídica a todas as combinações de interesse”[16]. Se abogaba la igualdad de las partes, que, todavía, tratada de un punto de vista formal, no fue asegurada por la libertad, pues luego los más fuertes se tornaran opresores[17].

                                   San Tiago Dantas apuntó dos causas a influenciar la evolución de la teoría de los contractos: el sentido solidarista, “que prepondera na política contemporânea dos Estados democráticos”, y la creciente intervención del Estado en las relaciones económicas[18].      La reducción de la intensidad de la autonomía privada, delante del dirigismo estatal y de la práctica cada vez más frecuente de los contractos de adhesión, operó el debilitamiento de la ideología del contracto como fruto de la libertad individual. Aunque ya se tenga afirmado la decadencia y hasta mismo la muerte del contracto, en la realidad, hay su transformación para atender a las nuevas realidades y desafíos vividos por la sociedad[19].

                                   En las palabras de Ripert, “o contrato já não é ordem estável, mas eterno vir a ser”. La noción de libertad contractual había sido construida como proyección de la libertad individual, al mismo tiempo en que se atribuía a la voluntad el papel de crear derechos y deberes. La fuerza obligatoria del contracto era impuesta como corolario de la noción de derecho subjetivo, del poder conferido al acreedor sobre el deudor. Con la evolución del orden jurídico, ya no hay más el acreedor o mismo poder, el derecho subjetivo sufre limitaciones al su ejercicio y no compete a los contratantes, con exclusividad, la autodeterminación de la lex inter partes, que sufre la intervención del legislador y puede someterse a la revisión por el juez[20].

                                   La autonomía privada, antes enfatizada como garantía de la libertad de los ciudadanos en respecto al Estado, es relativizada en favor de la justicia substancial, cambiándose el centro de la relación contractual de la tutela subjetiva de la voluntad a la tutela objetiva de la confianza[21]. La protección de la confianza envuelve el vinculo contractual, desde las normas obligatorias que visan a asegurar el equilibrio de las partes de la relación jurídica, mediante la prohibición de las cláusulas abusivas y la adopción de nuevos paradigmas interpretativos, bien como, en lo que concierne al objeto del contracto, procura garantizar la adecuación del producto o servicio, más allá de prevenir riscos y reparar perjuicios[22].

                                   Toda conducta o actuar comunicativo, “além de carrear uma pretensão de veracidade ou de autenticidade (de fidelidade à própria identidade pessoal), desperta nos outros expectativas quanto à futura conduta do agente”, implicando, de modo general, una auto vinculación. El orden jurídico no puede dejar de tutelar la confianza legitima basada en lo comportamiento: poder confiar, además de ser “uma condição básica de toda a convivência pacífica e da cooperação entre os homens”, es “condição básica da própria possibilidade de comunicação dirigida ao entendimento, ao consenso e à cooperação”[23].

                                   La tutela de la confianza representa un avanzo, también, en relación a la teoría de la declaración, que comparte con la teoría de la voluntad en su antinormativismo. La verdadera polémica no se encuentra, hoy, al contrario del que muchos aún piensan, entre la voluntad y la declaración, sino entre voluntarismo y normativismo, entre individualismo y solidarismo.

                                   La discusión del contrato, en el siglo XIX, se prendía en larga medida al acuerdo de voluntades, a la averiguación de la conformidad entre voluntad y declaración y a los vicios del consentimiento. Interesaba determinar las circunstancias en que el consentimiento se exprimía, y sobre todo se era libre. Al revés, en el contrato contemporáneo, aunque exista la preocupación con el consentimiento y sus vicios, cumple impedir que un contratante, valiéndose de su posición económica, dicte cláusulas que sean desleales o vejatorias para el otro. Insuficiente es, en estos días, apenas tornar el contrato anulable por vicio de la voluntad, pudiéndose, antes, salvaguardar los más frágiles en la contratación de masa[24].

                                   La conformación clásica del contrato, individualista y voluntarista, cede lugar a un nuevo modelo de este instituto jurídico, diseccionado a obsequiar los valores y principios constitucionales de dignidad y libre desarrollo de la personalidad humana. El contrato deja de ser apenas instrumento de realización de la autonomía privada, para desempeñar una función social[25].

                                   Para Antonio Junqueira de Azevedo, la idea de función social del contrato “...está claramente determinada pela Constituição, ao fixar, como um dos fundamentos da República, o valor social da livre iniciativa (art. 1º, IV); essa disposição impõe, ao jurista, a proibição de ver o contrato como um átomo, algo que somente interessa às partes, desvinculado de tudo o mais. O contrato, qualquer contrato, tem importância para toda a sociedade e essa asserção, por força da Constituição, faz parte, hoje, do ordenamento positivo brasileiro...”[26].

                                   Ese nuevo modelo es amparado, de entre otros factores, en lo campo de las relaciones contractuales, en que proliferan los contractos de adhesión, por la busca de equilibrio concreto entre las partes contratantes, por la disciplina de las cláusulas contractuales generales, por la teoría de la imprevisión, por la resolución por onerosidad excesiva y también por la garantía de derechos mínimos al contratante vulnerable. Más Allá de eso, la buena fe objetiva, pudiendo ser entendida como fundamento unitario de las obligaciones, fornece no apenas criterios interpretativos, más aún es fuente de deberes y de limitación de derechos para las partes.

Basándose en la noción de buena fe objetiva, se exige la transparencia del contracto, desde la oferta, se prohíbe la publicidad engañosa o abusiva, se construye lo deber de informar (al cual se ligan el deber de confidencialidad sobre las informaciones obtenidas y el derecho de acceso a las informaciones y a su rectificación, se necesario), se veda la abusividad de modo general y se afirma el deber de cooperación entre las partes[27].

                                   Se nota que los actores del derecho privado tradicional (el propietario, el acreedor, el deudor, el marido, el testador, etc.) son generalmente descriptos de un modo bastante abstracto. Sus características son definidas a partir de una sistematización uniformizadora de los problemas prácticos. En el ámbito de los contratos, las personas pueden ser a veces “compradoras”, “vendedoras”, “locadoras” o “locatárias”, “mutuantes” o “mutuárias” y etc. Entretanto, “as pessoas reais desempenhando tais papéis são completamente intercambiáveis”[28]. Aún así, según la perspectiva tradicional, las mismas reglas deben ser aplicadas independientemente de la persona concreta que está en un caso particular[29]. Es necesario, todavía, plantear un razonamiento que de mayor peso a los argumentos relativos a la pobreza y a la hipo-suficiencia de una de las partes, cualquier que sea su posición en la relación jurídica.

                                   La perspectiva que privilegia las situaciones subjetivas existenciales del ser humano, preconizada por el derecho civil-constitucional, se revela, luego, aún más interesante, dado que, decorriendo de la cláusula general de tutela de la personalidad humana, prevista en la Constitución, se coloca en nivel superior en el ordenamiento, direccionada a proteger la persona, cualquier que sea su participación en una relación contractual.

                                   Así, en relación a la Constitución, el Código de Defensa del Consumidor representa, por lo tanto, un símbolo de esta nueva teoría de los contractos. Enseña Antonio Junqueira de Azevedo que “...é no Código de Defesa do Consumidor que se pode encontrar um Ersatz (sucedâneo) do Código Civil que não veio ou, no mínimo, um ponto de apoio para alavancar a atualização...”, que la doctrina y la jurisprudencia ya percibían ser necesaria[30].

                                   El derecho del consumidor, pensado como parte de la amplia protección que, a partir de la Constitución, el orden jurídico confiere a la persona, no puede ser entendido apenas como estructura represiva o resarcitoria, sino como un instrumento funcionalizado a la tutela de la persona humana, en cumplimiento al valor constitucionalmente definido de promoción de la dignidad y del libre desarrollo de la personalidad de todo ser humano.

6. Conclusión

                                   La Constitución es, en relación al derecho civil, no una extraña o invasora, sino el propio motor de reflexión, desde lo cual orbitan las demás fuentes normativas, incluso el Código Civil - que hace mucho perdió la posición central que tenía en lo derecho privado - y el Código de Defensa del Consumidor. La dicotomía derecho público-derecho privado merece ser superada, en favor de la aplicación, al ordenamiento jurídico como un todo, de los valores y principios constitucionales, se priorizando la persona humana y el respeto a su intangible dignidad.

                                   Quizá la propia consideración de una nueva teoría contractual fuese innecesaria en virtud del reconocimiento de la relatividad histórica de los conceptos jurídicos, rompiéndose con el dogmatismo de la ciencia jurídica. Entretanto, se debe concordar que, se es mismo que no se está delante de una nueva teoría de los contratos, por lo menos se tiene hoy, en el Brasil, un derecho de los contratos profundamente transformado.